Tener un protocolo de acoso laboral es una obligación para todas las empresas, independientemente del tamaño de su plantilla. Es decir, tanto si la empresa tiene una plantilla de 500, 250, 100 o cuatro trabajadores, está obligada a tener un protocolo contra el acoso laboral que articule no sólo medidas para prevenirlo, sino también el procedimiento en caso de acoso laboral a seguir por trabajadores y empresa.
Como hemos mencionado antes, puntualizamos que, aunque la empresa no tenga obligación de tener un Plan de Igualdad, sí está obligada a tener de acuerdo a la normativa un protocolo de acoso laboral.
Además, cabe señalar que la Inspección de Trabajo lleva a cabo más inspecciones para comprobar que las empresas cuentan con un protocolo contra el acoso laboral adecuado y de acuerdo a las exigencias de la normativa.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 29 de septiembre de 2022 publica la Ley 18/2022 de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas que, entre otros contenidos, modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, con las siguientes finalidades:
- Se establece la posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro, frente a los 3.000 euros que exige la ley actualmente. España se alinea así con otros países de nuestro entorno, donde no existe capital mínimo para constituir una sociedad de este tipo.
- Se introducen reformas específicas para facilitar la constitución de empresas de forma rápida, ágil y telemática, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresa (CIRCE).
- En cuanto a la lucha contra la morosidad comercial,
la norma incluye el período medio de pago como criterio de valoración
para el acceso a subvenciones y contratación pública. Se trata con ello
de incentivar al empresario para que cumpla con sus obligaciones de pago
en tiempo.
- Este impulso viene enmarcado en el objetivo general de reducir la morosidad,
teniendo en cuenta que ésta constituye una de las principales causas de
los problemas de liquidez y rentabilidad de muchas empresas,
especialmente en el caso de las pymes.
Por este motivo, la ley impulsa la adopción de la factura electrónica, modificando la normativa actual y ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales.
De esta forma se garantiza una mayor trazabilidad y control de pagos entre profesionales y empresas, permitiendo obtener información fiable y ágil relacionada, entre otras cosas, con los plazos de pago.
- Este impulso viene enmarcado en el objetivo general de reducir la morosidad,
teniendo en cuenta que ésta constituye una de las principales causas de
los problemas de liquidez y rentabilidad de muchas empresas,
especialmente en el caso de las pymes.
- Con respecto a la facturación, se generaliza el uso de la factura electrónica en operaciones entre empresarios y profesionales como medida de digitalización empresarial, así como mecanismo de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.entender la facturación electrónica e introducirla en tu negocio se convierte así en una necesidad improrrogable.
- La norma amplía el listado de actividades económicas exentas de licencia: se incorporan al catálogo estatal las actividades que se hayan considerado inocuas por al menos una comunidad autónoma.
- Se flexibilizan los mecanismos de financiación alternativa con el fin de potenciar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial. Es el caso del ‘crowdfunding’, la inversión colectiva y el capital riesgo.
Esta ley entra en vigor, a los efectos de las citadas modificaciones, a los veinte días de su publicación en el BOEque tuvo lugar el pasado 29 de septiembre. Por tanto, los cambios comenzarán a aplicarse a partir del 19 de octubre, si bien existen dos excepciones:
- El capítulo V, que introduce un nuevo régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa (crowdfunding), entrará en vigor a partir del 10 de noviembre de 2022.
- El artículo 12, relativo a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales,
comenzará a aplicarse en el plazo de un año a partir de su desarrollo
reglamentario para los empresarios y profesionales cuya facturación
anual sea superior a 8 millones de euros.
Requisitos para solicitar la nueva ayuda de 200€ para desempleados, autónomos y asalariados:
☑️ No es posible solicitar esta nueva ayuda si se es beneficiario del IMV, ya que estos se benefician ya, de una subida del 15% de su cuantía hasta final de año. Al igual ocurre con las pensiones no contributivas.
☑️ Para recibir esa ayuda, los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio no supere los 43.196,4 euros.
☑️ Los beneficiarios deben tener residencia legal y efectiva en España en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año
inmediatamente anterior a dicha fecha.
☑️ El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará de manera conjunta, considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha 1 de enero de 2022.
La Ley 11/2021, de medidas contra el fraude, ha modificado la Ley General Tributaria con el objeto de prohibir el software contable de doble uso que permite manipular la contabilidad.
La ley del fraude entró en vigor, con carácter general, el día 11 de julio, con determinadas excepciones como la obligación que ahora comentamos, cuya entrada en vigor se posponía tres meses.
Así, a partir del 11 de octubre de 2021, los productores, comercializadores y usuarios están obligados a utilizar software contable, de facturación y de gestión que no permita alteraciones, y el incumplimiento de dicha obligación constituirá una infracción grave con sanciones de hasta 150.000 euros.
Esta limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros ya está en vigor, desde el día siguiente a su publicación en el BOE, por lo que desde el 11 de julio todo aquel que se exceda pagando más de dicha cantidad, o admita cobros superiores a este importe, se enfrenta a importantes sanciones.
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes destinadas a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas del Principado de Asturias, como medida de preparación para la recuperación y reparación de la crisis en el contexto de la pandemia COVID-19.
Los trabajadores por cuenta propia podrán aplazar las obligaciones tributarias un máximo de 6 meses, y tendrán hasta agosto para hacerles frente a ningún recargo por ello.
Podrán acceder todos aquellos autónomos y pymes que facturen menos de seis millones de euros, y quieran posponer el pago de sus autoliquidaciones del primer trimestre, como IVA, IRPF o Sociedades, cuyo plazo de presentación terminaría habitualmente en el mes de abril, siempre que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en Hacienda y en Tesorería.
Concretamente, los autónomos interesados podrán aplazar los pagos de las retenciones e ingresos a cuenta de los modelos de retenciones trimestrales a trabajadores o empresarios (111); de arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles (115). También los Pagos fraccionados del IRPF (modelo 130 y 131), los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades (modelo 202) y la declaración trimestral de IVA (modelo 303).
Se ha publicado el RD 2/2021 de medidas en defensa del empleo, entre otros aspectos regula en su TITULO II las nuevas medidas de apoyo para los trabajadores autónomos.
Medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria que pretenden aliviar la situación de empresas y autónomos relacionados con estas actividades y atender sus costes fijos como los salarios, arrendamientos o pago de impuestos, entre otros, para permitir que puedan mantener su viabilidad y no se vean abocados al cierre como consecuencia de la pandemia.
La finalidad de estas subvenciones es el apoyo a las personas trabajadoras autónomas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y empresas pymes para facilitar la reincorporación al trabajo de personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), cualquiera que sea su causa ya afecte a la totalidad o parte de la plantilla.